90 fueron desestimadas por el Congreso. En dicho aspecto, aunque Chile ya ha ratificado el tratado mencionado, sigue siendo uno de los pocos países en el mundo cuyo reconocimiento a los pueblos originarios no está declarado en la norma fundamental70 (Fernández y Fuentes, 2018). El primer director de la CONADI perteneciente a un pueblo originario fue Mauricio Huenchulaf Cayuqueo quien, a pesar de ejercer el cargo durante un periodo prolongado (3 años), renunció debido a, en sus palabras, el desorden administrativo de la CONADI y las diferencias de principios con el subdirector de ese entonces, más funcional y afín al modelo económico dominante. En su discurso de renuncia, Mauricio Huenchulaf hace un lúcido análisis del sistema de relaciones y poderes en conflicto en medio de los que CONADI se inserta y debe funcionar siendo funcional, al mismo tiempo, al Estado: funcional, a su vez, a los poderes económicos instalados durante la dictadura y a los cuales fueron cedidos los principales derechos que ya habían sido quitados tanto a civiles como a comunidades y naturaleza -si fuera, después de todo, válido hacer esta diferencia entre ser humano y naturaleza. Entre sus palabras, se pudo escuchar sobre Los actuales acontecimientos políticos y sociales marcados por conflictos ambientales a lo largo del país, las disparidades sociales, los conflictos de intereses económicos entre comunidades rurales y las megainversiones que se proyectan para un Chile moderno y aparentemente progresista, pero por sobre todo la presencia de un pensamiento dominante y excluyente que concibe el progreso sólo desde un particular punto de vista, nos recuerdan las condiciones y contextos del siglo pasado en el que empleando discursos y posiciones políticas similares se fundamentó la ocupación de los territorios mapuches en el sur y la incorporación de los territorios rapanui y aymara en el norte. Pareciera que una vez más, el aparente progreso de la nación debe ser a costa de las tierras y modos de vida de sus habitantes originarios. (Mauricio Huenchulaf Cayuqueo, 25 de Abril de 1997) Es claro que el progreso comprendido desde el aparato estatal difiere del que se concibe en las comunidades y es claro, también, que es distinto para pueblos fragmentados -pero en resistencia- que para descendientes de tierras ancestrales ya habiendo hecho el tránsito migratorio a los enclaves urbanos de sus regiones. Hay, asimismo, una radical diferencia generacional en cuanto a este y otros temas que han sido parte fundamental de la construcción identitaria de los pueblos originarios y descendientes dentro del proyecto nacional. Sobre todo, ha sido un proceso complejo en el caso aymara debido a la adscripción relativamente reciente -y violenta- del norte actual de Chile. Las políticas de integración y asimilación exigen “subordinar las prácticas sociales y culturales que comparten como descendientes de los pueblos originarios a las prácticas sociales de la comunidad nacional; esto es, impone como condición para ser ciudadanos modernos, dejar de ser indígena” (Huenchulaf, 1997). Diversos autores, pero, muy exhaustivamente, Díaz, Ruz y Galdames (2013) hacen una lectura aguda sobre este proceso donde se equiparaba 70. La contingencia chilena ha mantenido a la población en un largo y polémico proceso para conseguir derogar y refundar la constitución actual (de 1980): herencia de la dictadura militar, aunque con múltiples reformas, sobre todo en los años 1989 y 2005. Luego de una serie de movilizaciones, plebiscitos, pero también de encierro forzado, precarización y procesos migratorios sin precedentes, el pueblo enfurecido se ha serenado y la constitución de 1980 permanece cuando ya el 2024 del calendario gregoriano está por empezar.
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