Esta ley tiene como objetivo central dar certeza a las pymes en las fechas de pago, devolviéndole su capital de trabajo en un plazo máximo de 30 días. A su vez garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, define como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley e incorpora el derecho a indemnización.